Siete trabajadores atrapados por el colapso de una mina de carbón en Coahuila


El colapso de una mina en Coahuila, al norte de México, ha dejado atrapados a siete trabajadores bajo toneladas de carbón. Las autoridades estatales han informado del derrumbe que se ha producido alrededor de las 12.50 de la tarde de este viernes en el municipio de Múzquiz, en un predio llamado Rancherías, propiedad del productor de carbón Gerardo Nájera. La situación de las víctimas por el momento se desconoce y las tareas de rescate están centradas en bombear el agua que ha inundado la mina y localizar cuanto antes a los trabajadores. Algunos empleados y organizaciones sociales habían denunciado las condiciones precarias de esta mina en octubre del año pasado y habían enviado una carta al director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlett, sin que recibieran una respuesta.

Un productor de carbón de la zona, cuya identidad prefiere reservar por la tensión entre otros empresarios y políticos, explica lo que ha podido suceder este viernes en Rancherías. Aunque la investigación oficial será la que desvele exactamente cómo quedaron atrapados los trabajadores, el experto desgrana una de las posibilidades que se manejan en estos momentos: la invasión de una mina antigua inundada. Cuando se detecta que hay cerca una mina antigua, se deja una barrera de protección de unos 25 metros, pero es posible que este muro de carbón se haya picado y haya comenzado a salir agua y colapsar el resto de la estructura. “Es como si taladras tu pared y del otro lado hay un acuario, y con la presión se te rompe la pared de seguridad y se inunda. Sería más o menos así lo que pudo haber pasado. Pero es pronto para saberlo, es necesario esperar a la investigación”, señala el productor.

“Estas minas las denunciamos a la Secretaría del Trabajo en octubre. El 26 de octubre estuvo Barlett en Pasta de Conchos [la mina que colapsó en 2006 y sepultó a 65 mineros] y le pidió un familiar que nos recibiera para hablar de estas minas y no le importó, ni siquiera nos contestó, nunca nos recibieron. Ellos tienen esas fotos y siguieron comprando el carbón. No les importó”, denuncia la defensora de derechos humanos y miembro de la organización Familia Pasta de Conchos, Cristina Auerbach. “Es terrible porque el trabajador que me denunció sobre esa mina está atrapado ahora mismo”, agrega indignada.

Se trata de una mina de arrastre, subterránea, por donde unos carros cargan y descargan carbón desde su interior. “Es una operación de pequeña minería, tiene alrededor de cinco o seis años”, añade el empresario de la zona. La mina había sido inspeccionada por la Secretaría del Trabajo y amonestada en octubre con medidas que no han especificado las autoridades, pero que no presentaban un riesgo inminente. La institución les levantó la restricción en marzo de este año y se encontraban en regla para su operación, según la información oficial.

“Es una minería precaria que hacen a las orillas de las minas viejas. Conectaron una de esas cuevas con una mina a cielo abierto que hay detrás y que estaba inundada. No es un accidente, no tenían las condiciones para trabajar, ni equipo de seguridad ni medios. Se les dice que tienen que hacer una medición, pero no tienen los equipos. No es la culpa de los trabajadores sino de los empresarios a los que no se les exige estas medidas”, denuncia Auerbach. “Es desquiciante que les hayamos entregado todo para evitar una desgracia como esta y no nos hayan hecho caso, les enviamos una carta y fotografías de las condiciones de la mina. Esta es la peor minería”, agrega. Y remata: “Es un sistema perverso porque hacen creer a la sociedad que heroicamente generamos electricidad para el país, pero la realidad es que es a través de formas precarias y condiciones miserables de vida de los mineros: siempre pobres y siempre los que mueren. Lo que da rabia es que si lo pueden hacer bien, por qué lo hacen tan mal”.

La activista explica que un minero cobra de media unos 150 pesos diarios, registrados oficialmente ante el seguro social, de manera ilegal les pueden abonar a algunos más dinero. Pero de esta cantidad oficial, un 70% es lo que cada familia recibirá de pensión mensual por su padre, esposo o hermano fallecido, alrededor de unos 2.000 pesos, unos 100 dólares. Para la mayor tragedia minera del país, Pasta de Conchos, también en Coahuila, las familias de hasta tres hijos recibían una pensión de 3.000 pesos al mes. “¿Quién vive con eso? Nadie”, denuncia Auerbach.

“La mina se encuentra inundada en estos momentos”, anuncia el productor, que está en contacto con los vecinos y equipos de rescate de la zona. Unas bombas trabajan contra reloj para extraer lo más rápido posible el agua y conocer la situación de los mineros atrapados. El productor anota que no es la primera vez que sucede un accidente similar y hay supervivientes. “En una ocasión, después de que pasara una semana de desaguar, un trabajador que se había protegido con una campana, salió por su propio pie gritando que estaba vivo”, cuenta. “No podemos decir que no están con vida, porque dentro de las minas hay muchas posibilidades, pueden estar en una zona alta donde el agua no llegó y se pueden salvar. Por eso lo más importante es sacar el agua lo más rápido posible”, señala el empresario.

Por el momento, una decena de familiares espera desesperada en el perímetro de seguridad del complejo alguna respuesta sobre los trabajadores. “No se sabe cuánto tiempo pueden tardar en sacar toda el agua, pueden ser horas o pueden ser días, pues se desconoce qué tan inundada o de qué tamaño era la mina antigua”, añade el empresario. En un vídeo difundido por la cadena de televisión local de Saltillo se escucha a una mujer gritando: “Sáquenlos” y a otro grupo haciendo un corro de oración, mientras a sus espaldas la maquinaria comenzaba a operar.


Una de las críticas de los empresarios de la zona a esta operación de rescate, en la que trabajan en estos momentos el Ejército y las autoridades estatales, es que no hay expertos en minas encargados de localizar los cuerpos, pues hace dos años se desmanteló el equipo de profesionales capacitados para este tipo de emergencias, que dependían de un fondo de la Comisión Federal de Electricidad.



fuente: EL PAÍS 

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